Quién firma la queja y qué reclama
Las dos entidades de derechos civiles han formalizado ante la Comisión Europea una presentación de 16 páginas en la que solicitan actuaciones correctivas y una posible sanción si se confirman las conductas alegadas. A su juicio, las prácticas descritas frenan la entrada de nuevos actores y afectan a pymes y desarrolladores independientes que intentan operar dentro del ecosistema de Apple.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que está al corriente de la denuncia y que las aportaciones de terceros son clave para aplicar la DMA de forma eficaz. En paralelo, la Comisión continúa recabando información del mercado para evaluar las condiciones comerciales que Apple aplica a los denominados gatekeepers.
Prácticas bajo la lupa
El escrito centra el foco en las condiciones de uso de la App Store y en requisitos ligados a iOS y iPadOS que, supuestamente, dificultan la interoperabilidad con servicios de terceros. Según la denuncia, estas reglas restringen la instalación y el uso de aplicaciones y tiendas alternativas, lo que perjudicaría a empresas y consumidores al reducir opciones y aumentar barreras de entrada.
En el marco de la DMA, a las grandes plataformas se les exige facilitar más opciones y evitar exigencias desproporcionadas. Los denunciantes sostienen que ciertas obligaciones impuestas por Apple elevarían los costes y la complejidad operativa, con un impacto directo en la capacidad de los pequeños competidores para ofrecer alternativas viables.
La postura de apple
Apple niega las acusaciones y defiende que sus políticas garantizan estándares mínimos de seguridad y calidad para proteger a usuarios y desarrolladores. La compañía afirma que la Comisión está imponiendo la manera de gestionar su tienda, lo que derivaría en términos confusos para el sector y potencialmente negativos para la experiencia de uso.
La empresa asegura además que, hace meses, comunicó a Bruselas su plan para introducir cambios adicionales en los requisitos de la carta de crédito con el fin de dar más flexibilidad a los desarrolladores. Según Apple, fue la propia Comisión quien pidió no avanzar con esas modificaciones en ese momento, dejando en suspenso ajustes que la compañía considera beneficiosos.
El papel de la comisión y el alcance de la dma
La Comisión Europea actúa como autoridad de competencia en el bloque y supervisa el cumplimiento de la DMA por parte de los gatekeepers. Este reglamento marca obligaciones y prohibiciones destinadas a abrir el mercado, favorecer la interoperabilidad y ampliar la libertad de elección de los usuarios frente a prácticas potencialmente desleales.
Si se detectan infracciones, la DMA habilita multas que pueden llegar al 10% de los ingresos globales de la empresa implicada, con incrementos en caso de reincidencia. Al mismo tiempo, la Comisión mantiene un diálogo continuo con el sector para ajustar la aplicación práctica del marco normativo y recabar evidencias sobre el comportamiento de las grandes plataformas.
El punto sensible: la sblc de 1 millón de euros
Uno de los elementos más controvertidos mencionados en la denuncia es la exigencia de una standby letter of credit (SBLC) de 1.000.000 de euros para quienes pretendan distribuir aplicaciones en la App Store o publicar una tienda de terceros como app nativa en iOS o iPadOS. Según las organizaciones, esta garantía financiera puede suponer costes anuales recurrentes y colaterales que muchas pymes no pueden asumir.
Para los denunciantes, el requisito tendría un efecto disuasorio sobre nuevos proyectos y reduciría la presión competitiva dentro del ecosistema de Apple. Esa barrera financiera, unida a limitaciones técnicas y comerciales, consolidaría la posición de la plataforma y restringiría la entrada de opciones alternativas.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
De abrirse un procedimiento formal, la Comisión podría analizar con detalle la proporcionalidad de las condiciones de la App Store, el encaje de tiendas de terceros y la viabilidad de vías de instalación alternativas en iOS y iPadOS. También se revisarían eventuales compromisos de Apple y su adecuación a los objetivos de la DMA.
Los tiempos de una investigación de este tipo pueden variar, y su desenlace influirá en cómo Apple configura su plataforma y sus relaciones con desarrolladores en la región. Como referencia incluida en la documentación, se menciona un tipo de cambio aproximado de 1 dólar = 0,8575 euros en la fecha de la presentación, sin impacto directo en el fondo del caso pero relevante en el cálculo de eventuales importes.
El escenario dibuja un pulso regulatorio en el que Bruselas busca garantizar competencia y elección, mientras Apple reivindica seguridad, calidad y claridad operativa en su tienda; la resolución determinará hasta qué punto deben ajustarse las reglas de la App Store para acomodar la interoperabilidad que exige la DMA sin desatender la protección de los usuarios.
Oct 23 2025
Apple afronta una denuncia antimonopolio en la UE por la App Store
Quién firma la queja y qué reclama
Las dos entidades de derechos civiles han formalizado ante la Comisión Europea una presentación de 16 páginas en la que solicitan actuaciones correctivas y una posible sanción si se confirman las conductas alegadas. A su juicio, las prácticas descritas frenan la entrada de nuevos actores y afectan a pymes y desarrolladores independientes que intentan operar dentro del ecosistema de Apple.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que está al corriente de la denuncia y que las aportaciones de terceros son clave para aplicar la DMA de forma eficaz. En paralelo, la Comisión continúa recabando información del mercado para evaluar las condiciones comerciales que Apple aplica a los denominados gatekeepers.
Prácticas bajo la lupa
El escrito centra el foco en las condiciones de uso de la App Store y en requisitos ligados a iOS y iPadOS que, supuestamente, dificultan la interoperabilidad con servicios de terceros. Según la denuncia, estas reglas restringen la instalación y el uso de aplicaciones y tiendas alternativas, lo que perjudicaría a empresas y consumidores al reducir opciones y aumentar barreras de entrada.
En el marco de la DMA, a las grandes plataformas se les exige facilitar más opciones y evitar exigencias desproporcionadas. Los denunciantes sostienen que ciertas obligaciones impuestas por Apple elevarían los costes y la complejidad operativa, con un impacto directo en la capacidad de los pequeños competidores para ofrecer alternativas viables.
La postura de apple
Apple niega las acusaciones y defiende que sus políticas garantizan estándares mínimos de seguridad y calidad para proteger a usuarios y desarrolladores. La compañía afirma que la Comisión está imponiendo la manera de gestionar su tienda, lo que derivaría en términos confusos para el sector y potencialmente negativos para la experiencia de uso.
La empresa asegura además que, hace meses, comunicó a Bruselas su plan para introducir cambios adicionales en los requisitos de la carta de crédito con el fin de dar más flexibilidad a los desarrolladores. Según Apple, fue la propia Comisión quien pidió no avanzar con esas modificaciones en ese momento, dejando en suspenso ajustes que la compañía considera beneficiosos.
El papel de la comisión y el alcance de la dma
La Comisión Europea actúa como autoridad de competencia en el bloque y supervisa el cumplimiento de la DMA por parte de los gatekeepers. Este reglamento marca obligaciones y prohibiciones destinadas a abrir el mercado, favorecer la interoperabilidad y ampliar la libertad de elección de los usuarios frente a prácticas potencialmente desleales.
Si se detectan infracciones, la DMA habilita multas que pueden llegar al 10% de los ingresos globales de la empresa implicada, con incrementos en caso de reincidencia. Al mismo tiempo, la Comisión mantiene un diálogo continuo con el sector para ajustar la aplicación práctica del marco normativo y recabar evidencias sobre el comportamiento de las grandes plataformas.
El punto sensible: la sblc de 1 millón de euros
Uno de los elementos más controvertidos mencionados en la denuncia es la exigencia de una standby letter of credit (SBLC) de 1.000.000 de euros para quienes pretendan distribuir aplicaciones en la App Store o publicar una tienda de terceros como app nativa en iOS o iPadOS. Según las organizaciones, esta garantía financiera puede suponer costes anuales recurrentes y colaterales que muchas pymes no pueden asumir.
Para los denunciantes, el requisito tendría un efecto disuasorio sobre nuevos proyectos y reduciría la presión competitiva dentro del ecosistema de Apple. Esa barrera financiera, unida a limitaciones técnicas y comerciales, consolidaría la posición de la plataforma y restringiría la entrada de opciones alternativas.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
De abrirse un procedimiento formal, la Comisión podría analizar con detalle la proporcionalidad de las condiciones de la App Store, el encaje de tiendas de terceros y la viabilidad de vías de instalación alternativas en iOS y iPadOS. También se revisarían eventuales compromisos de Apple y su adecuación a los objetivos de la DMA.
Los tiempos de una investigación de este tipo pueden variar, y su desenlace influirá en cómo Apple configura su plataforma y sus relaciones con desarrolladores en la región. Como referencia incluida en la documentación, se menciona un tipo de cambio aproximado de 1 dólar = 0,8575 euros en la fecha de la presentación, sin impacto directo en el fondo del caso pero relevante en el cálculo de eventuales importes.
El escenario dibuja un pulso regulatorio en el que Bruselas busca garantizar competencia y elección, mientras Apple reivindica seguridad, calidad y claridad operativa en su tienda; la resolución determinará hasta qué punto deben ajustarse las reglas de la App Store para acomodar la interoperabilidad que exige la DMA sin desatender la protección de los usuarios.
By Roger Casadejús Pérez • Blog 0